El 2 de septiembre de 2003 fue promulgada la Ley 25.779, una norma decisiva para la política de Memoria, Verdad y Justicia que declaró insanablemente nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y permitió reabrir los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

La iniciativa, impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner, había sido aprobada por el Congreso pocos días antes. El Senado la convirtió en ley el 21 de agosto de 2003, en el marco de una decisión política destinada a remover los obstáculos legales que impedían avanzar contra los responsables del terrorismo de Estado.

La Ley de Punto Final, sancionada en diciembre de 1986, había fijado un plazo para presentar denuncias contra integrantes de las Fuerzas Armadas involucrados en la represión ilegal. En junio de 1987, la Ley de Obediencia Debida estableció la presunción de que los oficiales subalternos habían actuado bajo órdenes superiores y los eximió de responsabilidad penal.

El Congreso había derogado ambas normas en 1998, pero aquella decisión no tuvo efectos sobre las causas que ya estaban cerradas. La declaración de nulidad aprobada en 2003 produjo el cambio jurídico que permitió reactivar las investigaciones y los juicios.

La medida se convirtió en uno de los pilares de la política de derechos humanos desarrollada por el gobierno de Kirchner y abrió una nueva etapa en la respuesta del Estado frente a los delitos de la dictadura.

En junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia consolidó ese camino al declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que garantizó la continuidad de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.

A 23 años de aquella promulgación, la Ley 25.779 conserva un lugar central en la historia democrática argentina por haber contribuido a derribar mecanismos de impunidad y a sostener el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.

Fuente consultada: Parlamentario.